El
narcomenudeo busca maximizar las ganancias de un acto ilegal, basándose en un
modelo organizacional que garantice permanencia y protección al asentarse en un
determinado territorio, lo que se acompaña de mecanismos para constreñir el
comportamiento de las personas, mediante actos de intimidación y violencia.
Así, se
constituye la amenaza pública conocida como narcomenudeo, a la cual están
asociadas de manera intermitente pero continua, múltiples manifestaciones de
conflicto social, de violencia y de criminalidad en pos de abarcar el control
del territorio en el mercado de la comercialización ilícita de estupefacientes.
De esta
manera, algunos ciudadanos desfavorecidos socialmente ven en el fenómeno una
opción viable para conseguir ingresos, y así terminan incorporándose a las
organizaciones (llamados ganchos), resultando similar el caso de los campesinos
y las mulas.
La Policía Nacional Antinarcóticos de Colombia, mediante
la Dirección de Inteligencia Criminal (2012) distingue los conceptos de
microtráfico del narcomenudeo determinando que el primero alude específicamente
a la fabricación, comprendiendo al acopio, transformación, establecimiento de
rutas y del transporte.
Por otro lado, dicha Policía entiende al narcomenudeo como
una instancia propia de la fase de comercialización del estupefaciente
incluyendo la etapa de la manufactura del material, el abastecimiento y la
determinación de los puntos de venta.
Esta diferenciación conceptual efectuada por los policías
colombianos, como se observa, no deja de aludir en todo momento al mentado
copamiento territorial.
Ahora bien, en la lucha por conquistar el territorio, las organizaciones
cometen crímenes predatorios, es decir, aquellos
que se ejecutan para establecer su actividad en una zona determinada.
En el caso del crimen organizado (narcotráfico)
cuando el delito se “ve” en toda su espectacularidad es porque el crimen en esa
zona, todavía está poco organizado. Esa primera etapa fundacional del crimen
organizado está caracterizada por los delitos predatorios. Es una fase de
oportunidad, ya veremos porqué.
En esta fase, cada crimen individual representa todo un
mensaje hacia sus adversarios en la guerra por el control del territorio y hacia
la población. Ese mensaje dice: “el poder aquí somos nosotros”.
El caos de la violencia parece indicar una guerra entre
pandillas, que buscan el control inicial del territorio, que siempre es
territorial, monopólico, estable y coactivo, según Emmerich (2015).
En este contexto, los crímenes predatorios tienen
la ventaja para el investigador criminal y decisores políticos, ya que
conforman la única etapa del crimen organizado en la cual, éste se vuelve fácilmente
visible como delito. Se trata de un proceso cuya suerte aún no está echada ni
asegurada, por lo que la prevención y
desarticulación temprana es nodal.
La espectacularidad provista por la ejecución de
los crímenes predatorios no es capital exclusivo de bandas novatas sino que los
carteles consolidados, es decir aquellos con una “trayectoria”, también van
copando nuevos lugares y peleando por ellos mediante este tipo de prácticas.
Ejemplos sobrados nos dieron Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y
más recientemente el Chapo Guzmán.
La etapa predatoria del narcomenudeo, encarnada
por los dealers o pequeños
grupos de “entrepreneurs” es tan caótica como cruenta,
considerando que no es lo
mismo luchar para conquistar un
territorio virgen que hacerlo para desalojar un grupo criminal competidor ya
instalado.
En el primer
caso la violencia se
dirige contra la población
y las organizaciones sociales (no gubernamentales,
religiosas, etc.) existentes en el lugar.
En el segundo
caso la violencia es físicamente efectista,
porque al mismo tiempo que se buscan eliminar grupos rivales, se intenta
obtener la obediencia de la población.
El caos produce
temor, y a su vez el
temor produce sumisión a un nuevo orden.
En ambos casos, lamentablemente la comunidad está en el ojo
de la tormenta.
El emblemático capo Pablo Escobar, por ejemplo, logró imponer
el asentamiento de su organización en Medellín mediante una especie de combinación armónica de crímenes
predatorios y el acallamiento de las necesidades habitacionales insatisfechas
de los pobladores locales.
Es así que el sometimiento que infringían violentamente
sus pandillas, se mixturaba con una generosa distribución de recursos entre los
sectores poblacionales más vulnerables, principalmente mediante el otorgamiento
de viviendas. La doblegación y sumisión de los sectores excluidos le estaban
asegurados.
Ahora bien, como quienes ejecutan tales delitos ejercen
una actividad criminal poco organizada llevan delante de modo anárquico, brutales
procesos de limpieza interna, situación que los expone a la vista del Estado.
El control criminal consolidado en un territorio solo resulta
posible si se dan una de dos condiciones, la primera, consiste en que la región
en cuestión sufra abandono de autoridad y está huérfana de legalidad, resultando
una especie de “zona liberada”. En ese
caso, se constituye una realidad que conmina a gritos al Estado a hacerse
presente, pudiendo acudir, o bien, no responder mediante una suerte de “sordera
intencional”.
La segunda condición es que el Estado y las
organizaciones criminales, compartan salomónica y estratégicamente la
imposición de las instituciones reguladoras de una sociedad, de modo que en las
periferias urbanas –donde hay menos concentración de poder y capitales- el
Estado “deje hacer más” que en las
zonas de concentración de poder, propia del centro de las urbes.
Esta segunda condición es la que ocurrió y ocurre, de
acuerdo a pensadores como Duncan (2014), en Estados colombiano y mexicano, los
que son institucionalmente
suficientemente fuertes. La relación que aquí se expone es fácil de
colegir, existe un correlato directamente proporcional entre zonas de
concentración de capital-poder y zonas con presencia del Estado.
Así las cosas, cobra mayor sentido el hecho de que se
evidencien vínculos corruptos basados en sobornos (cohecho) entre el poder estatal
y los criminales, dado que el narcotráfico termina influyendo directamente o
indirectamente en las economías nacionales, los aparatos coercitivos estatales
y la regulación del orden social vigente. Un mal necesario en pos de un perfecto
equilibrio?
En Argentina existen sobradas muestras de crímenes
predatorios como fue el fusilamiento por parte de sicarios en el shopping
Unicenter de Martínez de los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y su
guardaespaldas, Jorge Alexander Quintero Gartner.
Otro ejemplo fue la balacera ejecutada por sicarios
motorizados hacia una pareja de colombianos que paseaba en bicicleta por el
barrio de Palermo en 2014, resultando herida Solange Trujillo Velázquez
(sobreviviente) y fallecido, Carlos Alberto Gutiérrez Camacho.
Un último prototipo de crímenes predatorios lo demuestra
la cruda realidad de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé, dada la conocida
connivencia de las autoridades locales (policiales y políticas) con los
criminales de la zona.
En virtud de lo expuesto y considerando los aportes arriba
citados del autor mexicano Emmerich (2015) y el colombiano Duncan (2014), entiendo
que Argentina se encuentra frente a una gran oportunidad ya que en las zonas
donde existe el se verifican casos de microtráfico, nos encontraríamos tiempo
(aunque breve) de evitar que las organizaciones coopten territorio y se
instalen de manera consolidada.
Desoír los gritos del delito, que se escuchan precisamente
en esta etapa, también constituye una decisión política que implica como primer
paso, la retirada del poder de turno o bien, como ya se mencionó, el
establecimiento de un acuerdo funcional de éste con las organizaciones
delictivas. No puede soslayarse que un narcotraficante exitoso es aquel que
logra obtener la protección necesaria para colocar su producto en el mercado,
minimizando al máximo sus riesgos es decir, evitando ser capturado o asesinado.
Por supuesto que ello sólo puede lograrse mediante
habilidades y astucias propias del mafioso o bien, cuando estas cualidades
escasean, mediante una protección adecuada.
Finalmente, invito a ampliar más allá el concepto de
territorialidad geográfica hasta aquí desarrollado, es decir que además de una
mera extensión de tierra políticamente dividida que le pertenece a alguien, el
concepto alude a ocupar un lugar, esto es, a un espacio real o imaginado que
sitúa algo, o bien, una posición real o figurada que detenta una persona o
grupo.
Nada más pensemos en el lugar social y político–ensayemos
olvidar la porción de tierra- ganado por Pablo Escobar mediante numerosos
magnicidios espectaculares para finalmente impedir la (su) extradición mediante, ni más ni menos, que la modificación de
la Constitución colombiana en 1991, o el agradecimiento y admiración presente
hasta hoy en el imaginario popular de los habitantes del Barrio colombiano
Pablo Escobar, respecto de su figura.
Por lógica, parte de las ganancias del negocio serán
reinvertidas en la empresa criminal o simplemente serán acumuladas, pero otra
parte significativa del dinero, será debitado como “costos operativos”, es
decir tendrá como destinado pagar sobornos a políticos, jueces, policías,
funcionarios y otras organizaciones criminales.
Estos poderosos funcionarios estatales tienen un doble
dominio sobre los narcotraficantes, ya que pueden poner en riesgo sus
actividades delictivas pero también pueden protegerlas silenciando su accionar.
En esta fase, la oportunidad preventiva está perdida, entendiendo que la etapa inicial
donde se ponían de resalto los delitos predatorios fue superada para pasar a un
estadio donde el narcotráfico se asentó en el territorio.
Bibliografía:
- -Duncan
G. (2014), Más que plata o plomo. El
poder político del narcotráfico en Colombia y México. Ed. Debate, Bogotá
DC, Colombia.
- -
Emmerich
N. (2015), Geopolítica del Narcotráfico
en América Latina. Ed. IAPEM, Toluca, México.
