El control de los precursores
químicos mediante las fiscalizaciones a sus operarios por parte del Estado no
es nuevo. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, tanto los organismos
de control, como el empresariado tomaron verdadera conciencia de la importancia
del control de los mismos.
Resulta una tarea por demás
difícil su fiscalización toda vez que los precursores químicos son sustancias
legales, de las cuales nuestro país es productor, importador y exportador; asimismo
poseen múltiples usos tanto en la industria de la industria de la pintura, alimenticia,
química, minera, farmacéutica, textil, etc.
En Argentina existen desde hace
muchos años importantes polos industriales situados en grandes ciudades y en
zonas cercanas a los límites fronterizos, principalmente con Chile y con
Bolivia, este último, productor de la hoja de coca.
Los narcotraficantes y quienes se
encuentran a cargo de los laboratorios clandestinos que fabrican ilícitamente
estupefacientes, están dispuestos a pagar en efectivo hasta cien veces más las
sustancias químicas controladas; generando en el desviador de precursores
químicos ganancias económicas jamás pensadas y en tiempo record, claro está,
toda vez que no sea sorprendido por el Estado.
A partir de la propia y extensa experiencia
laboral en el Estado argentino, se identificó como un problema el que a medida
que pasan los años, este delito se complejiza más aún dado que quienes lo
perpetran implementan nuevas maniobras, las que resultan más ingeniosas y
sofisticadas que las anteriores.
Ello, a los fines de eludir el
control estatal sobre el uso legal de los precursores químicos, de estafar al
sector privado que obra de buena fe o tentarlo, incluyendo a empleados
infieles, y posteriormente, no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad,
órganos de control y continuar así con la labor delictiva.
Es así que tal situación conmina
a la industria lícita a involucrarse en el control de las sustancias
controladas que posee en sus manos a fin de disuadir maniobras delictivas y
protegerse de los ardides de los criminales que valíendose de identidades
falsas, invocando representar a empresas ajenas a las maniobras, tentando a
empleados hasta el momento leales, falsificando documentación como facturas, remitos,
órdenes de compra y certificados emitidos por el Registro Nacional de
Precursores Químicos (RNPQ) intentan hacerse de las sustancias controladas con
fines ilícitos.
La ausencia de controles
internos, la ignorancia sobre ciertos temas o la desidia en una compañía o el
escaso compromiso del empresariado y las cámaras que los nuclean tornan
vulnerable los lugares de trabajo dado que el narcotráfico podrá cooptarlos con
facilidad, encontrando en ellos, un nicho propicio de inserción.
Sabemos, nos agrade o no que desde
noviembre de 2016, la ley penal nacional de estupefacientes se endureció de
manera denodada atento a que aquellas infracciones que otrora constituían mero
motivo de sanción administrativa para los operadores del RNPQ, hoy, se tornaron
objeto del delito con su consecuente pena prisión de 1 a 6 años.
No debemos soslayar, en esta
coyuntura que el único estupefaciente que no requiere la intervención de
precursores químicos es la marihuana, resultando que para los demás, ya para
sintetizar el conocido éxtasis o MDMA o producir y fabricar clorhidrato de
cocaína, la heroína y hasta el llamado paco, es requisito indispensable el uso
como materia prima de distintos precursores químicos. Los mismos que se emplean
en las industrias lícitas.
Finalmente, como integrantes de
esta sociedad, es decir, como padres, hermanos, abuelos, amigos de quienes
resultarán finalmente el target para
la venta de las drogas producidas, debemos tomar conciencia de la importancia de
nuestro rol preventivo cotidiano. Allí radica nuestra enorme responsabilidad
empresarial y social ya que como vimos, existe más de un motivo para
involucranos y prevenir el tráfico ilícito de precursores químicos.
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