Por estos días, el gobierno argentino anunció que elevará un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil e incluir la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta idea surgió a pocos días de asesinato de Braian, un menor, perpetrado por otro menor en uno de los barrios porteños con mayor índice delictual de la Ciudad, Flores.
Coincidentemente, esta medida de impacto social y mediático altamente punitivista, reaparece en un año electoral y solo nos hace correr el foco de la atención en lo que verdaderamente es el problema a ser solucionado por las autoridades: la exclusión social.
En este sentido, existen interesantes reflexiones al respecto en la nota periodística del diario Página 12 sobre el régimen penal juvenil.
Así se intenta solucionar un problema de base en la sociedad mediante respuestas inefecientes e inefectivas ya probadas en la población carcelaria de adultos. Los niños presos de hoy, regresarán a las calles (y no con unas amorosas familias) con un altísimo grado de expertise delictual y con nuevas habilidades de supervivencia aprendidas y propias del ámbito de encierro mientras que las que deberían emplear en la sociedad han caido en desuso por resultar, por lógica, inútiles en el contexto penal.
Las investigaciones neuro científicas nos aportan interesantes datos al respecto, ya que los cerebros de los adolecentes presentan notables diferencias anatómicas y funcionales respecto del de los adultos, así comprenderemos porqué son mayormente impulsivos en cuanto a sus actos (a veces violentos) y emociones, parecen importales poco los riesgos y prefieren los resultados a corto plazo.
Atendiendo al hecho de que las áreas frontales del cerebro no se desarrollan hasta el final de la etapa adolecente, entendemos que la capacidad judicativa, capacidad para evitar el peligro, elegir las mejores opciones para sí y otros a largo plazo no se encuentran aún operativas. Son las llamadas funciones ejecutivas.
Hoy, lo que promueve este tipo de conductas criminales en los adolescentes son, entre otros factores:
- Adultos cercanos y Estado ausentes o inestables o en crónico desacuerdo y crisis, función parental débil (en un sentido amplio),
- Medio ambiente violento, resolución de conflictos mediante la acción solamente, (ej: encarcelamiento)
- Sociedad que proyecta sus ansiedades y aspectos más patológicos y rechazados sobre el adolescente, (por lo general, pobre y marginal)
- Inmadurez parental o familiar, envidia, falta de empatía y de políticas del Estado de tipo preventivas.
- Adultos cercanos y Estado que sienten al adolescente como una amenaza y peligro.
Desde la psicología, sabemos que el objetivo del adolescente será lograr una identidad adulta (mismidad y continuidad). Es así que buscan la uniformidad con sus pares y además, pueden surgir identificaciones negativas como “ES
PREFERIBLE SER ALGUIEN MALO A NO SER NADIE”.
Los Estados abandónicos de los estratos sociales que no les son funcionales (pobres, indígenas, poblaciones alejadas de las urbes o zonas marginales dentro de las grandes ciudades), dejan huérfanos a estos niños/adolescentes y los ven como una peligrosa amenza.
Señores gobernates, prueben con la prevención e inclusión. Es peligroso leer la realidad de manera lineal, no debemos confundir los problemas de seguridad con los de salud pública.
El problema que tiene el actual gobierno no es el protagonismo que cobraron los menores en los hechos de inseguradad, sino el hecho de:
Suponer que se trata de pequeños
adultos e ignorar las particularidades de la transición adolescente (biologícas y emocionales), las individuales, socio económicas y culturales del desarrollo y circunscribir el tema a una cuestión punitiva arrancándolos de la sociedad en lugar de considerarlo un problema de salud pública.
Lectura recomendada: Hacia un régimen penal juvenil del Dr. Ezequiel Mercurio.
